Política gubernamental.
Durante su administración, el discurso oficial fue a favor de la unidad nacional y el modelo socialista fue olvidado. En este periodo Vicente Lombardo Toledano fue remplazado por Fidel Velázquez para dirigir la Secretaría General de la Confederación de trabajadores de México (CTM). Se decretó la Ley del Seguro Social y al mismo tiempo se creó el Instituto mexicano del seguro social y diversos centros hospitalarios, como el Hospital infantil de México y el Instituto nacional de cardiología. Como una muestra más de que la Unidad Nacional pretendía erradicar los divisionismos políticos, el 15 de septiembre de 1942, Ávila Camacho convocó una Asamblea de Acercamiento Nacional, a la que fueron invitados todos los ex presidentes: Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gill, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo l. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. El hecho de reunir en un mismo evento a estos personajes la intención de hacer público el logro de la Unidad Nacional, y de que tal acontecimiento sirviera de ejemplo para quienes aún persistían.
Política económica.
Este gobierno se favoreció debido a su aportación de materias primas agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos, que activaron la industria, la agricultura y la minería. De esta manera, el modelo económico capitalista favoreció a la burguesía, que se convirtió en una clase poderosa y rica. También usó el modelo de sustitución interna.
Obras públicas.
Se amplió la red de carreteras para conectar ciudades importantes, se construyeron vías férreas en diversos lugares de la República mexicana, se ampliaron las redes de correo y telégrafos, las transmisiones de radio llegaron a un auditorio más numeroso, se edificaron obras de riego: como presas y canales de riego, sé impulsó la campaña alfabetizadora. También se fundó la Secretaría de Trabajo.
Narcotráfico en México.
En la década de 1940 durante la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, La Procuraduría emprendió la lucha contra el tráfico de enervantes, tratando de impedir tanto la siembra como las importaciones de drogas. Además inició pláticas con los Jueces de Distrito en el Distrito Federal con el objeto de que, en determinados casos y según la responsabilidad del presunto responsable, se consideraran las consecuencias del delito, a fin de que no se concediera al culpable la libertad caucional. Ello, fundándose en lo dispuesto en el artículo 399, del Código Federal de Procedimientos Penales. La obra que desarrolló la Procuraduría General de la República siempre se circunscribió a los lineamientos generales del Plan Sexenal del general Lázaro Cárdenas, en enlace con lo determinado en la Constitución Política del país, en la Ley Orgánica, en sus reglamentos y circulares que fueron dictadas.
Los registros de los años treinta indican que en varios lugares del país había establecimientos donde se podía fumar opio. Se ubicaban fumaderos en la calle de Peña y Peña y en la de Mesones de la Ciudad de México; en la calle Colón de Ciudad Juárez; sobre la avenida Juárez de Mexicali; y en las calles de Carnaval y Benito Juárez en Tampico y en Tijuana. En cuanto a la siembra de adormidera, los plantíos aparecían lo mismo en Xochimilco que en el desierto de Altar, Sonora, o en los límites de Michoacán y Guanajuato, y en Villa Mariano Escobedo, Jalisco. Sin embargo, era en Sinaloa donde se concentraba la mayor parte de los sitios en los que los parroquianos se congregaban en torno al opio.
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